Córdoba
La presentación se realizó ante la Fiscalía General de la Provincia,
confirmó el asistente letrado de la legisladora, Carlos Nayi.
La denuncia involucra al gobernador José Manuel de la Sota; al
director de Salud Mental, Osvaldo Navarro; al ministro de Salud, Carlos
Simon, "y a todo funcionario con grado de responsabilidad", dijo Nayi.
Montero reclamó por "el estado de desamparo material y/o moral en que
se encuentran cientos de pacientes que padecen trastornos mentales y
que están en situación de riesgo con problemas de salud mental".
El abogado denunció que esos pacientes "son objeto de destrato,
abusos sexuales, violación de los derechos humanos y víctimas de
hacinamiento no compatible con la condición humana".
La legisladora advirtió sobre "el riesgo para la salud física,
psíquica y la vida misma de estas personas, frente a la actitud de
indiferencia de la clase dirigente y los funcionarios con grado de
responsabilidad".
Asimismo, denunció que "las condiciones de internación de los
internos violan expresas disposiciones normativas, no recibiendo una
atención sanitaria, social integral y humanizada, atentando contra la
integración familiar, laboral y comunitaria de estas personas".
En la presentación aludió a "la convivencia de enfermos que necesitan
tratamientos específicos con los judicializados imputados por
homicidios, robos con portación de armas, abuso sexual a menores y
violaciones con acceso carnal".
La legisladora, en declaraciones periodísticas, relató la impresión
que le causó su visita de días pasados al pabellón psiquiátrico Colonia
Alborada del Hospital Domingo Ceballos de Bell Ville, ubicada a 226
kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.
"Es el túnel del horror, algo abominable e impensable desde la razón.
Se te pone la piel de gallina, querés vomitar, no podés respirar. Es
algo muy fuerte para el cuerpo. La imagen que se me venía era la de los
campos de concentración. No exagero, esto es lo que vi en Bell Ville",
denunció Montero.
La legisladora resaltó que sólo tres enfermeras atienden a 80
pacientes, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
uno cada ocho.
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